Tras sentencia europea sobre Uber, otros negocios como Airbnb tiemblan

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha abierto la puerta a acabar con el modelo de negocio de las plataformas online, tal y como se conoce, después de dictaminar que Uber es "una empresa de transporte" y no una compañía que presta servicios propios de la sociedad de la información, tal y como defiende la propia firma estadounidense.

El Tribunal Europeo señala:

«Debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es el transporte y por lo tanto no responde a la calificación de servicio de la sociedad de la información».

El criterio fijado por Bruselas podría obligar a Uber a cambiar el sistema bajo el que opera en los distintos países de la Unión Europa ya que tendría que adaptarse a las distintas legislaciones y, por ejemplo en el caso español, pedir licencias de transporte y someterse a la normas que ordenan el sector a nivel estatal, regional y local.

Es una situación que podría extenderse a otras plataformas como Airbnb, Cabify, Deliveroo o Glovo, que también son agentes activos en sus respectivos sectores y no se limitan a intermediar entre los proveedores del servicio y los consumidores, sino que han creado el servicio.

Así, estas plataformas, que están registradas como empresas de marketing o de comercio online corren el riesgo de tener que someterse a la legislación de los sectores en los que operan convirtiéndose en agencia de viaje en el caso de Airbnb o en empresas de reparto de paquetería en el de Deliveroo o Glovo.

Y es que, según defiende el TJUE, Uber System Spain no es un simple intermediario que pone en contacto a conductores y usuarios. Para la justicia europea, el papel de la firma estadounidense va mucho más allá ya que «crea al mismo tiempo la oferta y la demanda» y «ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores». En concreto, la plataforma establece «el precio máximo de la carrera», de la que luego cobrará su comisión; «ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos y el comportamiento de los conductores», lo que puede entrañar la expulsión de estos.

Así, en sus directrices publicadas en junio de 2016, la Comisión Europea (CE) consideró que el nivel de control o influencia que ejerce una plataforma de colaboración sobre el proveedor del servicio es de gran importancia a la hora de juzgar si las nuevas empresas son plataformas digitales o principalmente proveedores del servicio subyacente, por lo que no tendría que considerarse parte del sector de la tecnología de la información, un patrón que se repita en muchas firmas de este tipo.

Airbnb en la mira

Airbnb, que se dedica al alquiler de alojamientos a corto plazo, está también en punto de mira de la Unión Europea, ya que es uno de los servicios más utilizados en el Viejo Continente y que más dinero mueve. No en vano, el turismo en una de la principales industrias de países como Francia, España, Grecia o Italia.

Así, Bruselas puso en marcha en febrero de 2017 una serie de talleres para analizar el futuro de este tipo de plataformas y llegar a un acuerdo con los Estados miembros y las partes implicadas sobre los principios que deben seguir para legislar este sector, el mayor de los servicios colaborativos de Europa. En este punto, no hay que olvidar que Francia y Alemania exigieron este verano más control sobre el servicio que presta Airbnb, ya que mueve millones en ingresos y apenas paga impuestos en los países en los que operan.

Como la plataforma todavía funciona como una empresa de servicios de la información, que incluye el comercio online, se ampara en los principios que regula ese tipo de servicios, que, entre otras cosas, le permite no dar información a Hacienda sobre sus usuarios, tanto lo que alquilan sus pisos como los que los que lo arriendan, ni controlar si tienen licencia para operar o no.

En línea generales, la Comisión Europea está estrechando el circulo sobre la estructura de trabajo con la que operan (contratación de autónomos) las empresas de la llamada economía colaborativa.

Fuente: El Economista